El Congreso volvió a blindarse mientras la tensión social desbordó las calles con represión y reclamos. ¿Qué pasó? ¿Cómo sigue?
La atmósfera en los alrededores del Palacio Legislativo respiraba una mezcla espesa de frustración y expectativa desde muy temprano en la gris mañana del pasado jueves 6 de agosto. El Senado de la Nación se disponía a tratar una de esas iniciativas, que según el Gobierno, prometen refundar la economía, pero que en el fondo, operan como un campo minado de disputas ideológicas y urgencias cotidianas. El termómetro político marcaba un rojo vivo y lo que sucedía adentro del recinto era apenas el espejo formal de una sociedad que hace rato viene perdiendo la paciencia frente a un ajuste que no cede.
Adentro, las bancas se convirtieron durante horas en el escenario de una negociación agónica, de esas donde el oficialismo descubre que el marketing de los grandes titulares no siempre sobrevive al “poroteo” de los votos. El proyecto bautizado engañosamente como de Inviolabilidad de la Propiedad Privada ingresó al Parlamento con pretensiones refundacionales, pergeñado desde los escritorios de la desregulación estatal con la promesa de agilizar desalojos, rediseñar expropiaciones y flexibilizar fronteras normativas. Sin embargo, la realidad legislativa demostró ser un filtro contundente. A medida que corrían las horas de debate, la Casa Rosada debió resignar piezas enteras de su arquitectura legal para evitar una derrota bochornosa. Primero se quitó el capítulo entero sobre tierras rurales, que habilitaba a los extranjeros a comprar campos sin tantas restricciones; al filo de la votación, y ante la evidencia de que los números se evaporaban en el tablero, también se desprendieron de la modificación a la Ley de Manejo del Fuego, que pretendía reducir las prohibiciones para usar terrenos quemados. Lo que quedó en pie tras la medianoche fue una versión recortada, un esqueleto normativo que se focaliza casi de manera excluyente en endurecer los procesos de desalojo exprés y limitar la potestad expropiatoria del Estado. Queda la amarga sensación de que se celebró una victoria pírrica, más parecida a un repliegue ordenado que a una convicción inquebrantable, donde el resultado final de treinta y siete afirmativos contra treinta y tres negativos expone a un Senado fracturado y a un oficialismo que cede lo que sea con tal de mostrar un trofeo simbólico ante los mercados.
Mientras los legisladores exponían sus posiciones, el clima afuera era diametralmente opuesto y bastante más impiadoso. Pese a las inclemencias del tiempo, un importante y heterogéneo grupo de manifestantes, organizaciones sociales y vecinos autoconvocados se congregó en las inmediaciones del Congreso para estampar su repudio al proyecto. El descontento popular no era abstracto: se manifestaba contra el temor fundado de que la flexibilización de los mecanismos de desalojo deje a la intemperie a los sectores más vulnerables en plena crisis habitacional. La respuesta del Estado a ese grito social no tardó en llegar, pero vino en formato de gases lacrimógenos, corridas y una represión desmedida por parte de las fuerzas de seguridad que volvieron a transformar la plaza en una zona de guerra urbana. El saldo de la represión incluyó contenedores incendiados, trabajadores de prensa y manifestantes heridos de gravedad, y una veintena de detenidos bajo la dudosa carátula de resistencia a la autoridad. Es desolador atestiguar cómo el gobierno elige sistemáticamente la vía del protocolo antidisturbios para clausurar el debate que no logra resolver con argumentos sólidos en el campo de la política, ni dar respuestas claras ante la opinión pública.