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Sobre la ordenanza de los terrenos abandonados y sus tergiversaciones

En la última sesión del Honorable Concejo Deliberante de Avellaneda se aprobó una ordenanza que indica la creación del Registro Público Municipal de Inmuebles Baldíos, Inmuebles con Edificación Derruida o con Edificación Paralizada y que fue objeto de interpretaciones maliciosas por parte de una oposición destructiva que busca tergiversar su significado en detrimento de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. 

El objetivo fundamental de esta ordenanza es el ordenamiento territorial para dar solución a los inconvenientes que genera un terreno o edificio abandonado y con miras al acceso justo a una vivienda. Los vecinos y vecinas de nuestra ciudad nos han manifestado en diversas ocasiones las problemáticas de higiene, sanidad e inseguridad que implica un inmueble de estas características en sus barrios. Tal es el caso del “Elefante Blanco” o del esqueleto del edificio abandonado al costado del Acceso Sudeste, por mencionar algunos.

Esta política pública local se enmarca dentro de la Ley Provincial N° 14.449 de 2013 que le asigna a los municipios el rol del planeamiento local para el desarrollo de sus áreas residenciales, valiéndose de las disposiciones impositivas como herramientas para llevarlo adelante. La ordenanza en cuestión establece que sólo en última instancia, no de manera automática y luego de 8 años de improductividad del terreno y de que no se registre ningún avance del proyecto de obra, parcelamiento o edificación, podría declararse de utilidad pública en función de lo indicado en la legislación provincial. Esto es, una ordenanza previa que declare la utilidad pública, la Ley Provincial que declare la expropiación y la sustanciación del proceso legal de expropiación. Tal instancia se aplicará sólo en los casos en que el gobierno municipal considere que la propiedad reviste una utilidad pública, es decir que obture el desarrollo urbano en función de la planificación territorial que, en nuestro municipio, estará siempre orientada a ampliar el derecho a una vivienda. 

Aclarar los alcances y objetivos de esta ordenanza es necesario luego de declaraciones falsas que en nada se corresponden con la realidad. Invitamos a la oposición, en el contexto que estamos atravesando,  a proponer y a aportar, en lugar de obstaculizar políticas públicas orientadas al beneficio de los vecinos y vecinas. 

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